Las tarjetas revolving se presentan como una solución de financiación cómoda y accesible, pero en muchos casos esconden una auténtica trampa de deuda perpetua. Sus elevados intereses, con TAE que suelen superar el 20% o incluso el 25%, junto con sistemas de amortización poco claros y complejos, provocan que muchos clientes descubran que, tras años pagando cuotas, su deuda apenas disminuye.

Miles de consumidores se encuentran atrapados en un ciclo interminable de pagos sin haber sido debidamente informados de las condiciones reales del producto contratado.

La defensa de los afectados se apoya en un sólido marco legal consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, basado en dos pilares fundamentales: por un lado, la Ley de Represión de la Usura (Ley Azcárate), que permite declarar nulo un contrato cuando el interés aplicado es notablemente superior al interés normal del dinero en el momento de la contratación; y por otro, el control de transparencia, ya que muchos de estos contratos se firmaron sin información clara y comprensible para el cliente, con condiciones ocultas en “letra pequeña”, intereses que se capitalizan o cuotas mínimas que apenas cubren los gastos del propio crédito.

Esta falta de transparencia constituye un motivo de nulidad absoluta y abre la puerta a reclamar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente.